El Gobierno avisa a funcionarios en una circular «recordándoles» las estrictas normas para protestar

 

Vídeo:  Euronews

Fuente texto: Terc3ra Información

En una circular emitida el pasado jueves por el Ministerio de la Presidencia y firmada por el subsecretario, Jaime Pérez Renovales, el Ejecutivo pide que las protestas que estos días están llevando a cabo los funcionarios que trabajan en Moncloa se desarrollen según lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo, fuera del horario laboral y con el «consentimiento legítimo», según ha denunciado el sindicato mayoritario de trabajadores públicos, el CSI-F.

«III Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado (…) establece un deber de comunicación a la Administración con 24 horas de antelación para las reuniones fuera de la jornada de trabajo y que no afecten a la prestación de servicios».

Las condiciones para la autorización de las protestas de los empleados públicos dentro del horario laboral son, según la circular de Moncloa, que «en ningún caso debe perjudicar la prestación de servicios», que se debe realizar un «preaviso de convocatoria ante la dirección del centro con una antelación mínima de 48 horas» y que «únicamente se concederá autorización hasta un máximo de 20 horas anuales».

«A efectos de ordenar la celebración de estas reuniones, el apartado 2 del mismo artículo 46 establece que serán autorizadas fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas, sin que su celebración perjudique la prestación de servicios y siendo los convocantes responsables de su normal desarrollo».

Ante la circular, los funcionarios de la Moncloa decidieron continuar con la protesta el viernes, pero sin ningún tipo de vínculo (pancartas, pegatinas, símbolos) con los sindicatos para que no les pudieran sancionar.

El Ministerio de la Presidencia, que llama «reuniones» a las concentraciones de protesta tomando al pie de la letra el título del art. 46 «derecho de reunión», termina su circular especificando los lugares dónde deben celebrarse las mismas: «locales adecuados a tal fin facilitados por la administración«.

Nada regula, sin embargo, las concentraciones fuera del horario laboral y del centro de trabajo, como puede ser, por ejemplo, a las puertas del mismo.

(Art. 88. Reuniones y asambleas de los trabajadores) Pag. 54 PDF.

El director del Injuve amenaza en una circular a aquellos empleados públicos que critiquen abiertamente las actuaciones del Gobierno

«En lo sucesivo, tales críticas, formuladas al margen de los cauces de representación y participación de los empleados públicos, se pondrán en conocimiento de la Inspección General de Servicios del Departamento, por si fuera constitutiva de falta disciplinaria, sancionable»

217951_393348017397751_1578255840_n-2.jpg

En Enero de 2012 el gobierno nombró a Rubén Urosa Sánchez Director General del Instituto de la Juventud. Licenciado en Ciencias de la Información y doctorado en Márketing Político por la Universidad Complutense de Madrid, su toma de posesión fue presidida por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.

Según puede leerse en su web, el Injuve es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, «cuya actividad principal se dirige a promover actuaciones en beneficio de los y las jóvenes», y está presidida por los tres principios generales, uno de ellos: «propiciar la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de España».

Pues bien, a los pocos meses de asumir su cargo de director, Rubén Urosa Sánchez ha enviado una circular dirigida a sus empleados públicos, la cual acaba de ser difundida por uno de ellos en las redes sociales.

El texto lleva el sello del instituto de la Juventud y esta firmado por su Director General, como puede apreciarse sin dificultad.

El punto 5 del mismo dice textualmente; «(…) 5º. La formulación de críticas u opiniones sobre las medidas que el Gobierno de la nación proyecta adoptar en el ejercicio de sus funciones, realizadas durante el desempeño del puesto de trabajo, no resulta compatible con los deberes que incumben a los empleados públicos, inspirados en los principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad y dedicación al servicio público. En lo sucesivo, tales críticas, formuladas al margen de los cauces de representación y participación de los empleados públicos, se pondrán en conocimiento de la Inspección General de Servicios del Departamento, por si fuera constitutiva de falta disciplinaria, sancionable conforme a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público (…)».

Be Sociable, Share!