La PAH y el 15M convocan cuatro stopdesahucios en Villaverde y Carabanchel

Toma la Tele

Bankia, que acaba de recibir una inyección de 24.000 millones de euros de dinero público, “patrocina” dos desahucios, uno de ellos, el de una avalista

La CAM, “lo peor de lo peor”, deja en la calle a una familia de Villaverde con 4 hijos, todos ellos en paro

Miércoles 4 de julio a las 7.30. C/ Paterna, 21. San Cristóbal de los Ángeles, Villaverde

Madrid, 3 de julio de 2012. Bankia, la antigua Caja de Ahorros que ha recibido 24.000 millones de euros de las arcas públicas para sanear unas cuentas inundadas de activos tóxicos ligados al sector del ladrillo no tiene empacho en seguir ordenando ejecuciones de desahucios. Y esto ocurre ante el clamoroso silencio e inacción de unas administraciones públicas plegadas, una vez más, al poder financiero.

Por eso, si no lo impedimos, mañana una familia con dos hijos de San Cristóbal de los Ángeles, en Villaverde, corre el riesgo de quedarse en la calle sin alternativa habitacional. Se trata de María E. Serna, una vecina procedente de Colombia que llegó a nuestro país hace doce años en la confianza de encontrar un trabajo digno y formar una familia. Lo hizo con su compañero. Y tuvieron suerte: consiguieron dos empleos con los que mantuvieron a dos hijas y pagaron las letras de la hipoteca que Bankia les concedió para comprar una vivienda en la calle Paterna.

Sin embargo la crisis les dejó sin empleo. En la actualidad, los cuatro miembros de la familia viven de un subsidio de desempleo que apenas les permite sobrevivir. Bankia no ha accedido en ningún momento a negociar ninguna salida que no sea el desahucio y la reclamación de una deuda que asciende a casi 130.000 euros.

Miércoles 4 de julio a las 9.45h C/ José Pérez, 12. Villaverde Alto.Puente Alcocer.

La CAM, una entidad bancaria que en estos momentos está siendo investigada por una gestión cuanto menos oscura y que el exgobernador del Banco de España calificó como «lo peor de lo peor y un escándalo», sigue promoviendo ejecuciones de desahucios en sus viviendas con la participación del sistema judicial y el silencio de unas administraciones públicas que abandonan a las familias más desfavorecidas antes, durante y después de este duro trance.

Eso puede ser lo que les suceda a Maria Luisa y a Francisco, de 52 y 57 años, que junto a sus cuatro hijos, de 32, 29, 28 y 18 años, viven en el humilde distrito de Villaverde.

Su historia, por desgracia, es la misma de la de tantas personas en este país. El matrimonio se dedicaba a la hostelería y dos de los hijos a la construcción, dos sectores durantemente castigados por la crisis.
Todos los miembros de la familia están en paro y subsisten con unos ingresos de 1.036 euros (618 del subsidio de desempleo del padre y 428 euros que ingresa Mª Luisa), lo que hizo imposible en determinado momento hacerse cargo de las letras del piso y como suele pasar la entidad adquirió el piso en subasta pública y quiere dejar a la familia sin casa y con una deuda que ronda los 120.000 euros.

Toda negociación con la familia ha sido en balde hasta el momento y al ser la vivienda de la EMVS, el IVIMA les deniega cualquier posibilidad de vivienda social.

Miércoles 4 de julio a las 9h. C/ Avefría, 13. Oporto.

En julio de 2006, Xomara adquiró, junto con su tía y su prima, una vivienda en la carabanchelera calle de Avefría gracias a una hipoteca concedida por el BBVA por valor de 259.000 euros.

Xomara no tenía problemas en pagar la letra mensual de 1.000 euros: se lo permitían el bar que regentaba, en el que trabajaba, además, su prima y un empleo extra como empleada doméstica.

Con el tiempo, sin embargo, la letra empezó a crecer hasta alcanzar los 1.650 euros. Esta brutal subida coincidió con el estallido de la crisis: en 2010, el bar comenzó a dar pérdidas; su tía y su prima se quedaron sin empleo y la diabetes de su hijo le obligó a dejar el trabajo como empleada doméstica. Finalmente, tuvo que cerrar el bar y se encontró sola para hacer frente a la hipoteca: al quedarse sin trabajo, su tía y su prima volvieron a su país. Para colmo, el padre de su hijo Jonathan, que en la actualidad tiene 5 años, no le pasa la pensión alimentaria, por lo que sobreviven con los 426 euros que ingresa al mes.

El BBVA no ha querido en ningún momento acceder a establecer ninguna negociación y ha requerido a Xomara el pago de una deuda a la que no puede hacer frente. El pasado 20 de junio, un grupo de vecinas y vecinos solidarios del 15M y de la PAH lograron suspender el desahucio. En este tiempo, el BBVA se ha negado a negociar la dación en pago y un alquiler social que permita a Xomara y a su hijo quedarse en una vivienda que, a buen seguro, se quedará vacía cuando el banco tome posesión.

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