Mercadona y SAT: ¿Quiénes son los ladrones?

Adolfo Mayo

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Vuelve el franquismo de la mano del PP y de su Ministro de Interior

SAT

Dos compañeros del SAT (Andrés Amaro de Hornachuelos y Francisco Molero de Cuevas de San Marcos) ya han sido detenidos por orden del Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que había ordenado la detención de los activistas que participaron en las acciones de expropiación solidaria de alimentos de primera necesidad que se desarrollaron el pasado martes 8 de agosto en dos supermercados.

El Gobierno del PP y su Ministro de Interior obedece así a las exigencias de Juan Roig (dueño de Mercadona) y de Ignacio García Magarzo (presidente de ASEDAS, la patronal de las grandes superficies). Estos dos personajes que están al frente de un sector donde se respeta muy poco los derechos laborales han exigido «mano dura» contra el SAT. En realidad, les importa bien poco la cuantía de los alimentos recogidos que no llegan ni a la categoría legal de «hurto». Lo que les preocupa es que el ejemplo cunda, pues señala un camino, el de la rebelión.

El Sr. Ministro del Interior, miembro numerario del Opus Dei e hijo de militar franquista, piensa que «Dios es el gran legislador del Universo» y seguramente se sentirá como su brazo ejecutor en la tierra. No hay otra explicación a su orden de detener a los activistas.
Sin siquiera haberse presentado aún denuncia el ministro se erige en defensor de la «santa» propiedad y ordena el arresto sin que un juez haya abierto diligencias. Pero, ¿esto no era un Estado de Derecho donde hay separación de poderes? ¿Hemos vuelto al franquismo de la mano del Opus Dei?

Cuanta celeridad ha tenido Interior por unas cuantas cajas de leche y varios paquetes de garbanzos. Si se empleara así con los banqueros que han gestionado las «preferentes» o con los pésimos gestores de bankia…

Con esta decisión, Fernández Díaz ha demostrado ser un buen sirviente de Dios, pero de su dios, el mercado.

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Mercadona y SAT: ¿Quiénes son los ladrones?

Esther Vivas

Sacar de un supermercado nueve carros de la compra con productos alimentarios de primera necesidad sin pasar por caja para dárselo a quienes más lo necesitan parece ser constitutivo de delito; vulnerar derechos laborales, pagar un precio de miseria a los productores agrícolas y acabar con el campesinado local… queda impune ante la Ley.

Ésta es la conclusión que podemos sacar de la acción llevada a cabo por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), cuando este martes 7 de agosto entraron en dos supermercados, un Mercadona en Écija (Sevilla) y un Carrefour en Arcos de la Frontera (Cádiz), recogieron alimentos básicos, salieron del primero por la puerta sin pagar y se los entregaron a colectivos necesitados.

Tras esta acción, el ministro de interior Jorge Fernández Díaz ha dado orden de “busca y captura” para los sindicalistas que la llevaron a cabo, afirmando que “todos somos conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios”. Aunque para Fernández Díaz sí hay medios que son justificados por determinados fines. Los sindicalistas del SAT no pueden sacar alimentos de un supermercado para dárselos a quienes más lo necesitan, pero el gobierno del PP sí puede recortar la prestación de empleo, el salario de los funcionarios, subir el IVA… con el “hipotético” fin de “sacarnos de la crisis”. Está claro que lo que vale para unos, no vale para otros.
Ahora Mercadona ha presentado denuncia contra aquellos que llevaron a cabo dicha acción por, entre otros, “sustracción de comida”, pero es necesario preguntarnos aquí: “¿Quiénes son los ladrones?”.

Los supermercados a lo largo de las últimas décadas han generalizado un modelo de producción, distribución y consumo de alimentos que ha tenido consecuencias dramáticas para el campesinado, el pequeño comercio, los derechos laborales y el medio ambiente. Carrefour y Mercadona son los máximos exponentes de estas prácticas en el Estado español al encabezar el ranking de las grandes empresas que dominan el sector de la venta al detalle. Ambos supermercados suman casi el 40% de la cuota de mercado de la distribución de alimentos, según datos del 2007.

En el Estado español, tan solo siete cadenas de supermercados controlan el 75% de la distribución de comida. Se trata, tras Carrefour y Mercadona, de Eroski, Alcampo, El Corte Inglés y las dos principales centrales de compra mayoristas Euromadi (con Spar, Schlecker, Guissona…) e IFA (con Condis, Coaliment, Supersol…). Nunca el mercado de la distribución de alimentos había estado en tan pocas manos. Lo que proporciona a estas empresas un enorme poder a la hora de decidir qué comemos, qué precio pagamos por aquello que consumimos y cómo se produce.

Asimismo, los supermercados determinan un modelo de agricultura y de campesinado donde las producciones familiares y a pequeña escala no tienen cabida, promoviendo un modelo de agricultura industrial, intensiva e insostenible. El monopolio ejercido por los supermercados y la presión a los agricultores ha conducido a una situación donde estos cada vez cobran menos por aquello que cultivan. Los precios en origen de los productos agrícolas han llegado a multiplicarse hasta por once en destino, según datos del sindicato agrario COAG. Y se calcula que más del 60% del beneficio final del precio del producto se concentra en los supermercados. Actualmente, en el Estado español poco más del 5% de la población activa es campesina.

El modelo de distribución comercial de los supermercados conlleva también consecuencias negativas para quienes forman parte de su plantilla laboral. Los trabajadores de estos centros están sometidos a una estricta organización laboral neotaylorista caracterizada por ritmos de trabajo intensos, tareas repetitivas y rutinarias, causantes de agotamiento, estrés y enfermedades laborales propias del sector. En lo que respecta a las condiciones contractuales, priman los bajos salarios y los horarios atípicos que generan en los trabajadores serias dificultades para conciliar su vida laboral con la social y familiar.

A pesar de que Mercadona ha buscado cultivar la imagen de una empresa familiar, preocupada por el bienestar de sus trabajadores y consumidores, al igual que las grandes cadenas del sector, destaca por imponer unas condiciones de trabajo abusivas y practica una política de gestión de la mano de obra que se basa en el mantenimiento de una presión constante a los trabajadores para asegurar su rendimiento. En el Estado español, una de las principales luchas sindicales contra una empresa de la gran distribución fue la mantenida en 2006 por los trabajadores de Mercadona en el Centro Logístico de Sant Sadurní d’Anoia. Además Mercadona ha tenido varias sentencias contrarias, por despidos improcedentes y acoso en el trabajo, durante los últimos años.

Hoy quien debería dar explicaciones frente a los jueces no son los sindicalistas del SAT con Juan Manuel Sánchez Gordillo a la cabeza, sino el propietario de Mercadona, Juan Roig, por las prácticas abusivas de Mercadona, que le han permitido amasar una de las principales fortunas del país, y ya de paso para dar explicaciones de los oscuros hilos que mueve tras las bambalinas de la política valenciana.

La acción llevada a cabo por los sindicalistas del SAT puede ser ilegal, pero en el contexto de crisis aguda en el que nos encontramos es del todo legítima, mientras que precarizar las condiciones laborales puede ser, lamentablemente, legal pero no tiene nada de legítimo. Y cada vez son más las personas conscientes de ello. De aquí que frente la legitimidad y el apoyo a estas movilizaciones, la única opción del poder sea la represión y la criminalización. Solidaridad, pues, con aquellos que no se resignan y luchan.

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Mi opinión sobre la acción del SAT

Alberto Garzón

El martes un grupo de trabajadores del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) entró de forma organizada en dos grandes superficies y se llevó sin pagar un importante número de productos de primera necesidad, con objeto de repartirlos entre los más necesitados. Como consecuencia, el ministerio del Interior ha ordenado ya la detención de los responsables. Varios días después podemos confirmar, a mi juicio, que la acción del SAT ha sido un completo éxito.

Comencemos por el contexto social. Según UNICEF en España un 17’1% de los niños están bajo el umbral de la pobreza, mientras que Acción contra el Hambre denuncia que un 25% están desnutridos. Al mismo tiempo 2 millones de españoles se beneficiarán de las ayudas que la Comisión Europea ha enviado este año –con un total de 67 millones de kilos de comida- para combatir el hambre en nuestro país. A nadie se le escapa que las organizaciones solidarias han visto dispararse sus necesidades para poder atender con eficacia a una población crecientemente empobrecida.

A pesar de lo apuntado arriba es obvio también que en nuestro país no falta comida, ni tierras fértiles ni medios técnicos con los que paliar el hambre. Lo que sí falta es voluntad política que se atreva a enfrentar las desigualdades de riqueza y renta. Y lo que sobre todo falta es que se cumpla la constitución española y su artículo 128.1, el cual declara que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Y la acción del SAT ha logrado precisamente poner esto de relieve, marcarlo en la agenda, y lo ha hecho siguiendo la máxima libertaria de Emna Goldman, que instigaba a los trabajadores con la siguiente proclama: “pedid trabajo, si no os lo dan, pedid pan, y si no os dan ni pan ni trabajo, coged el pan“.

Pero la acción del SAT ha ido más allá de lo concreto, es decir, del reparto de comida, y ha penetrado con fuerza en el mundo ideológico. Decía Guy Debord que vivimos en la sociedad del espectáculo y nos recordaba, citando a Feuerbach, que en nuestro tiempo “se prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser”. No hay duda sobre ello: en la sociedad del espectáculo la imagen importa más que la sustancia y los símbolos se convierten en el arma más valiosa para las causas políticas y las causas empresariales. Y la acción del SAT no es una medida contra la crisis –porque su generalización no resuelve los problemas de raíz- sino una acción simbólica con un claro contenido político. Es sustancialmente distinto.

Efectivamente nadie, y los compañeros del SAT menos, tenían como intención que aquella acción del martes se convirtiera en un elemento clave del programa electoral. Lo del SAT ha sido una brillante táctica comunicativa para poner sobre la agenda política un grave problema social. Hablamos de un pensado golpe contra la ideología dominante, es decir, contra la concepción del mundo que tiene la gente acerca de cómo debe organizarse una sociedad. Esta acción ha servido para remover los cimientos ideológicos de la mayoría de la gente. Por supuesto que no ha convencido a muchos, quizá la mayoría, pero ha golpeado por primera vez y con contundencia su sistema de ideas y el cual estaba hasta ahora muy asentado y consolidado. Ha mermado sus defensas.

No olvidemos que vivimos una crisis ideológica que se manifiesta en el cambio de cómo la gente concibe e interpreta su realidad más cercana. La concepción del mundo que había sido dominante hasta ahora se resquebraja y todo está en duda. Se cuestiona que los políticos y economistas sepan qué hacer, que las instituciones políticas sean útiles para resolver los problemas, que las entidades financieras sean fundamentales, que haya democracia, que las empresas privadas sean superiores a las públicas, que la policía defienda al pueblo, y también –y es lo que aquí nos ocupa- que la propiedad privada sea sagrada y esté por encima de otros derechos como el de la vivienda o la alimentación.

Algunos denunciarán que la acción del SAT es ilegal. Efectivamente, lo es. Pero la cuestión no reside en saber en qué lado de la frontera jurídica cae, sino en si es una acción legítima y digna o si por el contrario no lo es. Y cuando sabemos que las necesidades humanas básicas pueden satisfacerse técnicamente pero el único obstáculo para conseguirlo es el propio marco institucional, diseñado en beneficio y garantía de la gran empresa y las grandes fortunas, es cuando acciones como las del SAT recobran toda su naturaleza revolucionaria y de justicia social. En ese punto la ilegalidad es legítima y contribuye a preparar el terreno para un cambio institucional que primero y ante todo ha de construirse en el plano ideológico.

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Rescatar a las personas, esa es la prioridad

Comunicado del SAT

e rescata a los bancos que han dejado ya a más de 300.000 familias sin un hogar mediante desahucios inhumanos que se producen todos los días; se deja en paro a un millón y medio de andaluces y andaluzas, muchos de los cuales no reciben ninguna prestación; se nos sube el IVA al mismo tiempo que Rajoy aprueba una amnistía fiscal para los defraudadores; se les regala decenas de miles de millones de euros de dinero público, dinero de todos y de todas, a los bancos y siguen sin dar créditos a PYME’s, autónomos y particulares; se recortan derechos y prestaciones sociales como si fueran los culpables de la crisis; se les quita la paga extra de navidad a los empleados y empleadas públicos para darle a Bankia 23.465 millones de euros, el rescate bancario más caro de la historia del Estado español… y a algunos editorialistas y comentaristas les parece algo normal y lógico.

Sin embargo, entregar alimentos de primera necesidad a familias que no tienen nada que llevarse a la boca les parece una tremenda barbaridad. Así se ha manifestado en el twitter el presidente Griñán que no tuvo ningún reparo en recortar salarios y derechos a los trabajadores de la Junta de Andalucía y que cuando fue Ministro de Trabajo con Felipe González aplicó una reforma laboral regresiva y conservadora que legalizaba la precariedad y que motivó una huelga general.

Da vergüenza ajena como algunos jerifaltes bien alimentados vociferan en defensa de los intereses de una gran empresa como Mercadona que tiene innumerables denuncias por acoso laboral. Griñán, mejor estas calladito.

Rescatar a las personas, esa debe ser la prioridad en estos tiempos de crisis. Evitar que las familias pierdan sus casas, darles vivienda de inmediato a quienes la hayan perdido; evitar que se pierdan más empleos, prohibir de inmediato los despidos y los cierres de empresas e impulsar planes públicos de empleo; dejar de regalar dinero a los bancos, exigir la devolución inmediata de todos los fondos públicos entregados y nacionalizar la banca; bajar el IVA, subir los impuestos a los más ricos, perseguir el fraude fiscal… y por supuesto, entregar gratuitamente alimentos de primera necesidad a aquellas personas que no tienen nada. Y esto, Sr. Griñán, no es ninguna barbaridad. Barbaridad es lo que usted hace. Barbarie es este sistema capitalista que usted tanto defiende.

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La versión de la policía

Europa Press

 

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