Valencia: el PP utiliza los ERE para privatizar servicios públicos

Valencia – 18/05/2012

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Valencia: el PP utiliza los ERE para privatizar servicios públicos

Enric Llopis – Crónica Popular

Un río de zamarras rojas recorre las calles del centro de Valencia. Son los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), entidad pública que gestiona los autobuses públicos urbanos de Valencia, que se manifiestan por la defensa de sus puestos de trabajo y contra los recortes salariales que prende aplicarles el Ayuntamiento de Valencia. En caso de que no se acepten sus condiciones, el consistorio ha amenazado con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) antes del verano, que implicaría el despido de 208 trabajadores sobre una plantilla de 1.556 empleados.

El conflicto no se limita en la práctica a los autobuses públicos urbanos de Valencia. Según portavoces del Comité de Empresa de la EMT valenciana, “están utilizándonos como conejillos de indias; si lo que pretende el ayuntamiento del PP les sale bien, será la estrategia que sigan en los convenios colectivos del transporte público de otras ciudades”. Y lo que se pretende, en definitiva, es la privatización de las compañías que prestan el servicio público de autobús. Para ello, la EMT de Valencia se ha lanzado a una estrategia de “optimización de los recursos” (así la denominan), que supone básicamente recortes salariales, reducción de líneas y subcontratar con empresas privadas una parte de los servicios.

El concejal de Circulación y Transporte del Ayuntamiento de Valencia, además de presidente de la EMT, Alfonso Novo, ha planteado a los trabajadores una reducción de las nóminas (que según el Comité de Empresa alcanzaría el 15%) y continuar con el proceso de privatización y “externalizaciones” (que ya afecta a líneas de autobús, servicios de mantenimiento, limpieza, conductores de maniobra y tareas mecánicas); la única alternativa prevista por el consistorio sería el ERE.

Por el contrario, el Comité de Empresa rechaza los recortes salariales (recuerdan, además, que llevan casi tres años de congelación salarial y que los sueldos son inferiores a los de sus homólogos en Madrid, Barcelona o Bilbao) y pide que los emolumentos que reciben se equiparen al de los funcionarios del Ayuntamiento. Se oponen, asimismo, a los despidos y a cualquier fórmula que implique privatización de servicios.

El Ayuntamiento no negocia, impone

Pero según Iban Alcalá, secretario del Comité de Empresa, “el ayuntamiento no negocia, impone; las reuniones de negociación que establece la Dirección General de Trabajo están convirtiéndose en pura rutina, pues la empresa no pretende hasta el momento llegar a ningún acuerdo; sólo tenía interés en que se desconvocaran los paros previstos coincidiendo con el Gran Premio Europeo de Fórmula 1; le hemos ofrecido incluso la posibilidad de un ERE temporal, que en la práctica no implique ningún despido; o que pudiera intervenir en el conflicto un mediador, en este caso, el director general de Trabajo de la Generalitat, Joaquín Bañó”.

Ante la cerrazón de la empresa, los trabajadores ocuparon la sede de la EMT el día de la huelga general, convocaron una paro durante la celebración del “circo” de la Fórmula 1 en Valencia (entre el 22 y el 24 de junio), organizaron protestas en algún acto público de la alcaldesa y, sobre todo, desde principios de marzo hasta el 5 de julio, han convocado dos manifestaciones semanales por el centro de Valencia y otras tantas concentraciones en la Plaza del Ayuntamiento. Las acciones de protesta han tenido, según el Comité de Empresa, un seguimiento masivo entre la plantilla.

En una nota informativa a los usuarios, los trabajadores de la EMT denuncian que se ha reducido el servicio en todas las líneas de autobuses, lo que lleva a un aumento del tiempo de espera en las paradas; la empresa ha eliminado, asimismo, las líneas 21 y 22 (que comunicaban con la playa) y las que llegaban a algunos pueblos del área metropolitana (en la conexión con las pedanías ya operan firmas privadas); además, la reducción de plantilla (tanto en los conductores de autobús como en el personal de mantenimiento y administración) implica un deterioro de los autobuses y un incremento en los ritmos de trabajo. Todos estos recortes impiden también, según el Comité de Empresa, que se dote de un servicio adecuado a zonas estratégicas de la ciudad como el nuevo hospital de La Fe, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Hospital General, la Universidad Politécnica, así como a los barrios de la ciudad.

“No podemos pagar los despilfarros del Ayuntamiento”

“Aspiramos a que la EMT tenga una gestión eficaz y sostenible, que sea una empresa pública al servicio de los ciudadanos y no de los políticos del gobierno de turno”, afirma Alcalá. “No podemos pagar los despilfarros del ayuntamiento, que para cuadrar sus cuentas reduce el servicio y la plantilla de la EMT, en vez de suprimir ruinosos eventos como la Fórmula 1, la Copa América o el pozo sin fondo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias; mientras, muchos barrios de Valencia continúan sin servicios adecuados”. Después de 20 años de gobierno de Rita Barberá, Valencia es, con una deuda acumulada de 890 millones de euros, la tercera ciudad con mayor endeudamiento del estado, tras Madrid y Barcelona.

Pero si algo llama la atención en este conflicto es la singular ley del embudo que practican los gestores de la EMT. Se exigen sacrificios a los trabajadores mientras que los sueldos de los directivos de la empresa sumaron 860.000 euros brutos en 2011. Así, el gerente de la EMT cobra 126.897 euros brutos anuales (50.000 euros más que el presidente de la Generalitat Valenciana); el jefe de Planificación percibe unas retribuciones de 107.466 euros anuales; el jefe de Recursos Humanos, 102.444 euros brutos anuales; el jefe del Área Administrativa, 92.326 euros; el jefe del área técnica, 92.078 y el jefe de Operaciones, 92.078. Se abonan asimismo primas denominadas “de asistencia” o incluso “de adaptación al euro”. Por el contrario, un trabajador de la EMT cobra entre 1.600 y 1.800 euros netos al mes.

El papel de los medios de comunicación

En el litigio con el consistorio, los trabajadores no han tenido precisamente como aliados a los medios de comunicación. La empresa denunció sabotajes en los vehículos el pasado 23 de junio, de los que se desmarcó el Comité de Empresa en una nota informativa: “No podemos aceptar que nos acusen a nosotros; desde luego no nos consta que ningún compañero haya podido cometer actos de este tipo; recriminamos que muchos medios informativos nos intenten dar la imagen de responsables de la mala calidad del servicio y de actuaciones impropias”.

Sin embargo, los titulares de los periódicos no dudaron en la toma de partido: “Vandalismo en la primera jornada de huelga de la EMT” y “La huelga de la EMT se radicaliza y reduce los servicios mínimos durante dos horas” (Las Provincias); “Los huelguistas siguen saboteando la flota de la EMT” (Levante);  “EMT denuncia actos vandálicos de los piquetes en los autobuses” (La Razón); y “La EMT denuncia nuevos actos vandálicos ante la huelga” (El Mundo).

Política de ego desbordante, adicta a los micrófonos y las cámaras y casi siempre embriagada de populismo, Rita Barberá tampoco se ha mantenido al margen del conflicto. Sus declaraciones contra los sindicatos y la defensa de los recortes salariales en la EMT han sido constantes en las últimas semanas. Incluso ha protagonizado escándalos poco edificantes. Una trabajadora de la EMT ha denunciado públicamente que, mientras realizaba una pausa en su cometido de conducir el autobús, la alcaldesa salió del patio de su casa acompañada por dos personas e, indignada por las pegatinas de “Rita no paga a sus trabajadores” adheridas en el vehículo, comenzó a retirarlas al grito de “¡Esto es demagogia!”.

Además, Barberá le golpeó en el hombro con el dorso de la mano y, después de que la trabajadora le remitiera a sus representantes en el Comité de Empresa, le espetó: “¿Cómo que no tengo que hablar contigo? Por supuesto que voy a hablar contigo, porque eres tú la que tiene la culpa de que 200 de tus compañeros se vayan a la calle; después de que estás cobrando 3.300 euros (sic) qué poca solidaridad tienes”. A la negativa de la trabajadora sobre el hecho de cobrar tal cantidad, cada vez más alterada la alcaldesa de Valencia replicó: “cobráis una media de 3.300 euros, sois unos sinvergüenzas y eres una mentirosa”. Días después Barberá y el concejal-presidente de la EMT quitaron hierro a los hechos.

Apoyo a los trabajadores de la oposición

La oposición en el consistorio valenciano (PSPV-PSOE, EUPV-IU y Compromís) ha respaldado los argumentos del Comité de Empresa y ha criticado severamente la gestión de la EMT. Señalan, por ejemplo, que desde 2006 la empresa ha contraído una deuda de 37 millones de euros (6 millones de euros de intereses) con los bancos porque el Ayuntamiento no realiza las aportaciones correspondientes. Además, según Compromís, Valencia perderá ayudas del gobierno central que oscilan entre los 3,5 y los 4 millones de euros anuales al transporte público, por no disponer de un Plan de Movilidad Sostenible.

También ha renunciado el Ayuntamiento de Valencia a las ayudas a las entidades públicas de transporte urbano que, mediante un contrato-programa como el que tienen Madrid y Barcelona, financian al 50% entre el gobierno central y el autonómico; unos 40 millones de euros anuales dejarían de percibirse por este capítulo. Además, los presupuestos de la EMT se han reducido en un 10% respecto a las cuentas del año anterior. Pero sea por mala gestión, por despilfarro o por el impacto de la crisis, finalmente los paganos del desaguisado siempre son los mismos: ciudadanos y trabajadores.

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